El 28 de julio de 2024 no fue únicamente una elección presidencial. Fue el día en que Venezuela llegó al límite de un conflicto político que llevaba décadas acumulando tensiones. Aquella noche, el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, mientras la oposición, encabezada por María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia como candidato, sostuvo que había obtenido una victoria contundente con base en las actas recopiladas por sus testigos. Diversos gobiernos y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso, mientras el país entraba en una nueva etapa de incertidumbre.
Dos años después, resulta evidente que Venezuela no ganó nada con aquel juego trancado. Perdieron las instituciones. Perdió la confianza ciudadana. Perdió la economía. Perdió la convivencia. Y, sobre todo, perdió la democracia.
El problema no fue solamente el desacuerdo sobre los resultados. Las democracias reales poseen mecanismos para resolver disputas electorales. El verdadero fracaso consistió en que ninguna de las partes logró construir un camino aceptable para cerrar el conflicto.
El oficialismo optó por aferrarse al poder mediante el control de las instituciones del Estado, mientras cerraba aún más el espacio político. La oposición, por su parte, tampoco consiguió transformar el enorme respaldo ciudadano obtenido en una estrategia capaz de producir una transición negociada.
La historia demuestra que ningún país puede vivir indefinidamente con dos relatos incompatibles sobre un mismo proceso electoral. Tarde o temprano alguien debe construir un puente. Ese puente nunca apareció.
Los acontecimientos de 2025 y 2026 modificaron nuevamente el tablero nacional. Se abrió un escenario completamente distinto, pero no resolvió automáticamente el problema fundamental: reconstruir instituciones capaces de generar confianza entre quienes piensan distinto.
Hoy vuelven a iniciarse conversaciones entre representantes del chavismo y sectores de la oposición. Sería un error interpretar esta nueva etapa como una victoria absoluta de unos o una derrota definitiva de otros. Venezuela ya pagó demasiado caro la lógica del vencedor que pretende borrar al vencido.
El país necesita comprender una lección que parece sencilla, pero que ha resultado extraordinariamente difícil de aceptar: la democracia exige saber ganar, pero también saber perder. Quien gana una elección debe gobernar para todos, incluyendo a quienes votaron en contra. Quien pierde debe tener garantías suficientes para seguir participando políticamente y aspirar legítimamente a regresar al poder mediante el voto. Esa alternancia pacífica constituye el corazón de cualquier sistema democrático.
Durante años, Venezuela fue perdiendo precisamente esa capacidad. La política dejó de concebirse como competencia entre adversarios para convertirse en una lucha existencial entre enemigos. Cuando eso ocurre, cualquier elección deja de ser una competencia y pasa a percibirse como una batalla definitiva. Entonces nadie quiere aceptar el resultado.
La reconstrucción democrática requerirá mucho más que convocar nuevas elecciones. Será necesario fortalecer la independencia del poder electoral, garantizar una justicia confiable, proteger la libertad de prensa, respetar los derechos humanos y ofrecer reglas claras aceptadas por todos antes de acudir nuevamente a las urnas. Numerosos especialistas coinciden en que recuperar la credibilidad institucional exige un proceso gradual y verificable, no únicamente una fecha electoral.
También será indispensable recuperar algo menos visible, pero igual de importante: la capacidad de escucharnos. Durante demasiado tiempo, la política venezolana se alimentó de la descalificación permanente. Cada sector terminó convencido de que el otro no merecía ser escuchado. Esa lógica solo produjo más polarización.
Escuchar no significa renunciar a las propias convicciones. Significa reconocer que ningún proyecto político representa por sí solo a todo un país. Venezuela es más compleja que cualquier partido, cualquier líder o cualquier ideología.
Dos años después del 28 de julio de 2024, quizá la mayor enseñanza sea precisamente esa. Las instituciones no existen para garantizar que siempre ganen los nuestros. Existen para asegurar que todos acepten el resultado cuando las reglas son transparentes, confiables y respetadas.
Todavía hay puertas abiertas para avanzar hacia la reinstitucionalización del país. No será un proceso rápido ni sencillo. Exigirá generosidad política, memoria histórica y, sobre todo, humildad. La democracia no consiste en derrotar definitivamente al adversario. Consiste en construir un sistema donde nadie necesite destruir al otro para poder gobernar. Esa es la verdadera tarea pendiente de Venezuela.
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