Durante años, quienes señalamos el deterioro progresivo del sistema eléctrico venezolano fuimos acusados de exagerar, de politizar una situación técnica o de sembrar pesimismo. Sin embargo, la realidad terminó imponiéndose.
Los apagones masivos, las fallas constantes, la paralización de actividades económicas y el deterioro de la calidad de vida de millones de venezolanos demostraron que el problema era real, profundo y estructural.
Hoy, con la aprobación en primera discusión de una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico por parte de la Asamblea Nacional, se reconoce una realidad que durante años fue negada o minimizada: el modelo centralizado y exclusivamente estatal no ha sido capaz de garantizar un servicio eléctrico confiable, sostenible y acorde con las necesidades del país.
Las declaraciones del diputado Orlando Miranda son reveladoras. Al admitir que el sistema eléctrico nacional ha mostrado «limitaciones estructurales» y financieras para responder a la demanda, se confirma lo que millones de venezolanos han experimentado durante años.
La dependencia del complejo hidroeléctrico de Guri, la paralización de plantas termoeléctricas, la falta de mantenimiento y la insuficiente capacidad de inversión han convertido a la electricidad en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo nacional.
Las consecuencias económicas han sido enormes. Cada apagón representa horas de producción perdidas en industrias y comercios. Cada fluctuación eléctrica significa equipos dañados, alimentos desperdiciados, servicios interrumpidos y oportunidades de inversión que nunca llegaron.
Miles de pequeñas y medianas empresas han tenido que asumir costos adicionales mediante plantas eléctricas, sistemas de respaldo y combustible para mantener sus operaciones. Muchas otras simplemente cerraron sus puertas.
La energía eléctrica es mucho más que un servicio público. Es la infraestructura fundamental sobre la cual funciona toda economía moderna. Sin electricidad confiable no hay manufactura competitiva, no hay transformación digital, no hay inversión industrial, no hay crecimiento sostenido ni generación de empleo de calidad.
La apertura a empresas mixtas y privadas para participar en actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización representa un cambio histórico en la política energética venezolana.
Después de casi dos décadas de centralización absoluta, se reconoce que la recuperación del sistema requerirá recursos financieros, tecnología, experiencia operativa y capacidad de gestión que difícilmente pueden provenir exclusivamente del Estado.
La posibilidad de otorgar concesiones de largo plazo, crear esquemas de inversión con participación pública y privada e incluso permitir que el Estado tenga una participación minoritaria en determinados proyectos envía una señal que podría resultar determinante para atraer capitales nacionales e internacionales.
No se trata de privatizar el sistema eléctrico ni de renunciar al papel regulador del Estado. Se trata de reconocer que la magnitud del desafío exige sumar capacidades.
Los países que han logrado modernizar exitosamente sus sistemas eléctricos suelen combinar supervisión pública con inversión privada, regulación eficiente y reglas claras para los operadores. Venezuela no tiene por qué ser una excepción.
Otro aspecto positivo de la reforma es la incorporación de mecanismos de compensación económica para los usuarios afectados por apagones o fallas de calidad del servicio.
También resulta significativa la promoción de la autogeneración eléctrica en industrias y grandes centros comerciales. Esta medida puede reducir la presión sobre la red nacional y estimular inversiones en tecnologías más modernas y eficientes.
Igualmente relevante es la posibilidad de otorgar incentivos tributarios a proyectos de energías renovables, electrificación rural e importación de tecnología especializada. Venezuela posee un enorme potencial para desarrollar fuentes complementarias de energía solar y eólica que permitan diversificar una matriz históricamente dependiente de la generación hidroeléctrica.
Sin embargo, la apertura por sí sola no resolverá todos los problemas.
La confianza de los inversionistas dependerá tanto de las oportunidades económicas como de la existencia de instituciones sólidas, reglas previsibles y mecanismos efectivos de supervisión.
La reforma en discusión representa una oportunidad para corregir el rumbo. Si se implementa con transparencia, visión de largo plazo y garantías para todos los actores involucrados, podría convertirse en el inicio de la reconstrucción de uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional.
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