Venezuela se encuentra ante una de esas encrucijadas históricas que no se ven con frecuencia. La propuesta de una nueva ley de amnistía general, anunciada en la ciudad de Caracas en el inicio del año judicial de 2026, tiene el potencial de convertirse en un punto de inflexión para el país: una oportunidad real para cerrar ciclos de confrontación, sanar heridas profundas y dolorosas acumuladas durante décadas y abrir una etapa de convivencia política basada en el respeto, la pluralidad y la paz.
Hablar de amnistía no es jamás hablar de olvido ni de impunidad, sino de madurez política. Es reconocer que los conflictos prolongados dejan cicatrices que trascienden en el tiempo y que, para avanzar como sociedad, se requiere valentía institucional y grandeza de espíritu.
En ese sentido, la iniciativa anunciada —que abarcaría el período que ha sido denominado como “de violencia política”, desde 1999 hasta el presente— responde a una necesidad largamente sentida por amplios sectores del país en todos los espectros de la política nacional, así como de la comunidad internacional: la de reencauzar la justicia en su valor real, como un instrumento de reconciliación y no de confrontación, castigo o venganza.
El llamado a que esta ley sea amplia y efectiva resulta clave. Una amnistía limitada o meramente simbólica difícilmente podrá cumplir con su objetivo histórico. En cambio, una ley concebida con vocación incluyente, que atienda a dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas, estudiantes, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes afectados por la conflictividad política, puede convertirse en un verdadero ejercicio de crecimiento democrático. Venezuela necesita gestos que reconstruyan la confianza y devuelvan la esperanza a miles de familias que han vivido durante años en la incertidumbre.
El discurso que acompaña esta iniciativa es, además, profundamente significativo, y debemos prestarle atención. La insistencia en que no se impongan la venganza, la revancha ni el odio, y en que la diversidad política puede coexistir dentro del respeto a la ley, envía un mensaje poderoso a una sociedad que ya está cansada de la polarización.
No importa de cuál lado del espectro ideológico venga esta afirmación: es necesaria, urgente y debe tomarse en el aire. Y lo importante es que sea tomada en serio del otro lado. Solamente así puede funcionar.
Apostar por la paz y la tranquilidad no es una consigna vacía en el marco de nuestras vivencias: es una decisión política que puede marcar el tono de una nueva época. Y para que eso suceda, todos debemos participar.
Resulta igualmente relevante que la amnistía anunciada establezca límites claros, excluyendo delitos graves como homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones severas a los derechos humanos. Esa precisión ayuda a equilibrar la necesidad de reconciliación con el compromiso de que la justicia siga siendo un pilar fundamental del Estado.
Es crucial aclarar que una amnistía bien diseñada no debilita las instituciones; por el contrario, puede fortalecerlas al redefinir y establecer su rol en función del bien común.
Los anuncios complementarios, como el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide y su transformación en un espacio social, cultural y comunitario, tienen también una fuerte carga simbólica.
Convertir un lugar como ese en algo totalmente diferente, en un espacio para la convivencia y el desarrollo es una señal de cambio que resuena y no pasa desapercibida. Para muchos familiares que esperan noticias de sus seres queridos, estos gestos representan una luz justa e impostergable en medio de una larga espera.
Por supuesto, el proceso exige transparencia, información clara y coordinación con actores nacionales e internacionales. La decisión de solicitar la verificación de las listas de excarcelados por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apunta en esa dirección y puede contribuir a generar mayor confianza en la implementación de la medida. La credibilidad será tan importante como la letra de la ley.
Venezuela no es el primer país que recurre a una amnistía para salir de un período de confrontación política. La historia latinoamericana y mundial ofrece múltiples ejemplos en los que este tipo de decisiones, bien conducidas, abrieron caminos de estabilidad y reconstrucción institucional.
El desafío está en asumir la amnistía no como un punto final, sino como un punto de partida hacia un nuevo pacto social.
Si se concreta con seriedad y voluntad política, Venezuela podría estar ante el inicio de una etapa distinta: una donde la paz deje de ser un anhelo y comience, por fin, a convertirse en una realidad compartida por todos los venezolanos.
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