Si alguna situación ha unificado recientemente a los movimientos opositores venezolanos, más allá de la contundente victoria electoral en Barinas, es la circunstancia de poder emprender un movimiento de cara a la posibilidad cierta de activar un referendo revocatorio contra la administración actual.
Sin embargo, los parámetros dictados por el Consejo nacional Electoral para la recolección de firmas que soliciten el mecanismo contenido en el artículo 72 de la Constitución Nacional, fueron una serie de normas sencillamente imposibles de cumplir.
Con esto, se empuja nuevamente a la nación hacia otro intento frustrado de buscar mecanismos democráticos para la expresión de una enorme masa ciudadana, que reprueba el modo como se han venido haciendo las cosas y el desafortunado rumbo que ha tomado nuestro país.
Según la normativa emitida por el organismo electoral, la recolección debía hacerse en 12 horas, y en 1.200 doscientos centros destinados para este fin. Unos requisitos absolutamente leoninos ante el objetivo de reunir una cantidad de rúbricas equivalentes al 20% del padrón electoral.
Si para la firma contra un decreto emitido por el expresidente de EE. UU. Barack Obama en 2014, los oficialistas instalaron 14 mil centros a nivel nacional e internacional, ¿cómo puede ser que se hayan instalado apenas 1.200 centros para activar el revocatorio?
Por si fuera poco, el CNE no acató el artículo 6 de la Resolución 0705516-659 del 16 de mayo de 2007, en la que se expresa que el Poder Electoral debe elaborar y publicar con al menos 60 días de antelación la fecha para la recepción de voluntades. En esta oportunidad solo fueron cuatro días.
La organización civil Súmate, la cual ha monitoreado procesos electorales desde hace más de 15 años, ha considerado que este CNE “es más restrictivo” si se compara con los que regularon los revocatorios que se intentaron en 2004 y 2016, siendo el primero el único que se ejecutó, en aquella oportunidad contra el entonces presidente en ejercicio, Hugo Chávez.
Súmate considera también que el poder electoral hizo “imposible cumplir” con la solicitud de convocatoria porque impuso condiciones desfavorables y violó las cuatro normas sub-legales que aprobó en 2007 para regular el ejercicio de este derecho“.
Esto nos habla de un embudo y de un doble rasero, en el cual todo se le hace cuesta arriba a un sector de la ciudadanía, mientras se le otorgan todas las facilidades al otro, con el fin de inclinar la balanza en favor de unos, mientras se acorrala a los demás.
Con esta desquiciada circunstancia, se logró finalmente lo que conviene al poder actual: se dividió una vez más a los factores alternativos democráticos.
Mientras algunos llamaron a firmar y lograron convocar a venezolanos de buena voluntad a dar la cara y estampar su firma; otros llamaron a darle la espalda al evento, como lo que consideraron una reacción justa ante un ventajismo imposible de ocultar.
De esta manera, los venezolanos que desean con urgencia un cambio de dirección en esta locomotora llamada Venezuela que se precipita hacia un barranco, quedaron nuevamente divididos en dos toletes que accionaron contradictoriamente y perdieron su potencia real, esa misma a la cual se le han colocado ya demasiadas emboscadas.
Para colmo de males, la agrupación MOVER denuncia que, según sus números, se instalaron apenas 710 centros de los 1.200 prometidos.
Y, por si fuera poco, la presencia de fuerzas de seguridad en las calles actuó nuevamente como un elemento intimidatorio y disuasivo para el pueblo. Una pésima costumbre de rodear con elementos de fuerza a toda convocatoria que llame a expresar la voluntad soberana de la gente, cuando estamos en presencia de eventos netamente civiles y cívicos.
Mientras tanto, el CNE hizo pública su decisión de dar a conocer los resultados de esta accidentada jornada de recolección de firmas el día 13 de febrero. Sin necesidad de tener en las manos cifras, o ni siquiera hacer el ejercicio de estimarlas, ya sabemos lo que viene en el camino.
A un sector de la ciudadanía se le amarra una mano a la espalda, para hacerle cuesta arriba una lucha democrática. El adverso escenario arroja unos resultados que son utilizados como insumo y referencia para dibujar una supuesta realidad a conveniencia, que todos sabemos no se corresponde con el sentir verdadero de la gente.
Ahora, diversos grupos opositores anuncian que acudirán hasta el Tribunal Supremo de Justicia, en una legítima movida que les corresponde por ley, ante su visión correctamente sustentada de que se han lesionado los derechos de todos los venezolanos.
Porque el derecho a activar un revocatorio nos pertenece a todos, y mañana lo pueden necesitar quienes hoy son partidarios del poder actual.
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