En los últimos días se ha aclarado definitivamente una situación que había causado una enorme incomodidad entre la comunidad mirandina, y es una marcha atrás que ha sucedido indudablemente para el bien de nuestro estado; dejando sepultada –y esperemos que en el olvido– una idea desquiciada que atentaba contra nuestra esencia misma y que, de haberse concretado, hubiera sido letal para nosotros en todo sentido.
Nos referimos a la muy controversial propuesta adelantada poco tiempo atrás por la entonces funcionaria Jaqueline Farías, la cual consistía en desmembrar al estado Miranda, deshaciendo su configuración geográfica como actualmente la conocemos.
En síntesis, Faría había propuesto desde su antigua posición como jefe de Gobierno del Distrito Capital, la idea de anexar los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre al gobierno la entidad para la cual laboraba en ese momento, conjuntamente con el municipio Libertador.
Anunció públicamente que su despacho llevaría a la recién instalada Asamblea Nacional oficialista, la propuesta de una ley que modificara el alcance del Distrito Capital para que abarcara los cinco municipios del área metropolitana.
La recientemente destituida funcionaria no tardó en recibir la retroalimentación más negativa que se pueda imaginar, tras haber dado a conocer su idea durante una entrevista, varias semanas atrás.
Lo cierto es que la propuesta fue extremadamente mal acogida por los más diversos voceros de todos los sectores, y que la lista de razones por las cuales era tan condenable como inviable, creció exponencialmente en pocos días.
Los vecinos de las municipalidades afectadas se activaron de inmediato, se reunieron e hicieron pública su indignación ante semejante propuesta, la cual fue calificada de “calamidad” y “arrebato”, entre otros adjetivos.
Tras esto, la proponente fue removida recientemente de su cargo.
Esta idea sin asidero histórico o administrativo alguno, iba frontalmente contra el espíritu de los mirandinos, atacando sin propósito o justificación visible nuestro gentilicio y pretendiendo desmantelar la geografía de nuestro estado.
Este despropósito, sin duda, hubiera traído consigo consecuencias económicas devastadoras, además de arrasar con la historia y la identidad de nuestro territorio. Eso, para no nombrar que va contra la Constitución Nacional, la cual establece claramente la división territorial de nuestra nación.
Por ello, la situación provocó una declaración conjunta de los alcaldes de las cuatro entidades que serían afectadas. Estamos hablando de funcionarios electos por el voto popular, de líderes que han crecido orgánicamente en sus respectivas comunidades y que no solamente conocen de sus características y necesidades; sino que además las defienden porque pertenecen a ellas. En ellas crecieron y fundaron sus familias.
Esto hace un gran contraste con funcionarios inorgánicos y nombrados a dedo, que no representan el sentir de las colectividades y que lanzan palos de ciego desde la improvisación y el desconocimiento.
O peor aún, con agendas políticas ocultas que tienen muy lejos de sus verdaderas intenciones el bienestar de la comunidad y más bien se dirigen a otra clase de objetivos.
En declaraciones recientes, el actual gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, se encargó de atajar esa inquietud, que sin duda se quedó haciendo ruido en el ambiente de los mirandinos; porque, a pesar de la inequívoca condena de la opinión pública, nadie de la tolda roja se había encargado de cerrar el episodio.
De esta manera, seguía flotando en el ambiente el equívoco sobre cuánto nivel de aprobación podía haber hacia puertas adentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, respecto a esta ocurrencia.
Pues bien, en el más cercano episodio del asunto, el funcionario se encargó de fijar posición al respecto, dejando muy claro que este es un punto sin discusión. Algo que vemos como positivo, por más que podamos tener numerosas y profundas diferencias con su postura política y su gestión en el seno de nuestra comunidad de Miranda.
Y esto fue subrayado, cuando Rodríguez calificó la polémica declaración como “postura individual”.
Sin embargo, no deja de llamar la atención el prolongado silencio por parte del PSUV que siguió a la propuesta. Lo mismo sucede con una respuesta que de alguna manera parece coordinada: la –tardía– destitución de la funcionaria, conjuntamente con la declaración de una autoridad que tiene competencia en el área, desmintiéndola.
Más vale tarde que nunca; pero siempre quedará en la memoria de los mirandinos este revés fuera de toda proporción, así como una respuesta oficialista que, aunque luce adecuada, no deja de ser tardía y tibia.
En conclusión, nunca se puede recoger el agua que se ha derramado.
Ir a página principal <–