Los venezolanos recibimos esta semana la noticia de la excarcelación de un grupo de personalidades que hacen vida en la política nacional y que permanecían privados de libertad en situaciones irregulares, amén de padecer condiciones altamente cuestionables en su cautiverio.
Es una información que celebramos, porque aquí lo prioritario es respetar y devolver su condición humana a quienes no habían hecho nada para ser objeto de una medida tan extrema, y menos aún de la manera en la que padecieron este condenable trance.
La situación en sí es deplorable en extremo; pero impacta más aún cuando hablamos de conocidos nuestros, quienes no han hecho más que manifestar una diferencia de visión sobre la conducción y el futuro del país y trabajar en consecuencia. Un derecho que asiste a cualquier ciudadano y que pretenden hacernos ver como un delito, cuando no lo es.
Por suerte, no nos hemos dejado y muchos seguiremos persistiendo en señalar hacia el país que nos parece necesario y posible, mientras accionamos para materializarlo.
Sin embargo y con el desdibujamiento de la institucionalidad que padecemos desde hace tanto tiempo en Venezuela, y que no hace sino empeorar, se abre una discusión por demás válida; pero que nos parece secundaria en este momento. Y se trata de cuál es el marco legal y jurídico en el cual estos compatriotas fueron primero encerrados y posteriormente liberados.
Se ha calificado la figura que permitió a estos ciudadanos recuperar su libertad como un “indulto presidencial”. Respetados juristas han rechazado el término, porque supuestamente no se ha cumplido con una serie de escalones legales que conllevaría esta situación.
Alegan que los procesos de estos venezolanos han estado plagados de irregularidades, por lo cual se está muy lejos de completar los pasos que esta figura requiere. Y lo más importante de destacar es que el indulto implica el perdón de una pena, cuando los procesos de estos prisioneros ni siquiera se habían adelantado y no se les puede señalar de delito alguno.
Un eco más amplio en la opinión pública condena que se hable de la “libertad” de los beneficiados, porque en realidad van a seguir encarcelados en sus hogares y con regímenes de presentación, además de limitaciones en otros derechos y necesidades de acción esenciales en la cotidianidad.
¿Qué lo sucedido es parte de una maniobra política, de cara a las próximas elecciones legislativas? Sí, sin duda lo es. Pero este es otro cuestionamiento –válido, por lo demás– que debe quedar en una agenda de discusión distinta. Lo importante es que quienes creemos en una nación completamente diferente a lo que hoy vivimos, podemos ver hoy aliviados de su sufrimiento inmerecido a casi 30 de nuestros diputados legítimos, cuyo único delito había sido cumplir con el mandato que les otorgamos.
Aquí lo que queremos decir es que, al menos desde nuestro punto de vista, lo que nos importa es el factor humano. Estamos hablando sobre venezolanos que estaban padeciendo momentos incalificables y que han sido aliviados. Que no merecían el encierro, ni mucho menos las condiciones en que lo sufrieron.
Hay que ponerse en los zapatos de los afectados, del daño que han recibido en el tiempo de vida que se les quitó, en los golpes y el desgaste que han padecido en su siquis y en la urgencia de protegerlos, en un entorno que permita su recuperación.
Hay que pensar en el círculo familiar, profundamente dolido por la situación que acaba de terminar, absolutamente desgastado en lo anímico y lo emocional. Ellos merecen y necesitan pasar al siguiente escalón de esa vivencia tan adversa.
Hay también quienes no han estado de acuerdo en las negociaciones que condujeron a sus hogares a estas personas. Nuestra visión es otra. Es una urgencia rescatar a todos y cada uno de los venezolanos que han sido víctimas de todos estos años insólitos y frustrantes, de situaciones incalificables. Y estamos hablando de un grupo contra quienes hubo particular ensañamiento.
Las negociaciones son necesarias y siempre las hemos defendido. Van a ser imprescindibles en todo momento, sean cuales sean los escenarios que transite nuestro país en los tiempos próximos.
Desde nuestro punto de vista, y creemos que muchos nos acompañarían, creemos que este recurso debería haber sido utilizado con la máxima antelación posible; aunque la realidad sea que no todos los involucrados tengan la voluntad de hacerlo.
Mientras más se tranca el juego, más perentoria se hace la urgencia de sentarse a resolver, y en algún momento los más reticentes van a acceder a la conversación.
Es obvio que eso fue lo que pasó en esta coyuntura, cuando el país está agotado de tanta tensión y de cuánto se ha prolongado. Y si en este momento eso trae alivio a 110 venezolanos, pues podemos darlo por bien hecho.
David Uzcátegui.
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