Hablar de nuestros jubilados y pensionados es más que un deber, un acto de humanidad y una deuda. Durante muchos años entregaron un duro trabajo por el país y su aspiración justa era una vejez digna.
Sin embargo, no han sido escuchados. Fueron estafados en su buena fe. Quienes ya se encuentran en lo que deberían ser sus años dorados, se enfrentan al amargo descubrimiento de que el Estado los condena con su indolencia.
Hoy, décadas de trabajo honrado se traducen en miserables 400 mil bolívares al mes, equivalentes a menos de $1. Los afectados deben decidir si comer, comprar medicinas o pagar servicios.
Muchos dicen que se han convertidos en “toderos” y que deben “rebuscarse” para subsistir y pagar alimentos y medicinas. Otros venden o alquilan sus casas o salen de sus posesiones más preciadas por lo que les den. Y es válido preguntarse: ¿será que, para los responsables de este desastre, envejecer es un pecado?
La Intersectorial de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes argumenta que, para cobrar el irrisorio monto, son “vejados y sometidos” a largas colas bajo el sol y la lluvia
Nunca se imaginaron que su vejez pudiera ser así, después de tantos años de trabajo arduo y honesto. El Gobierno los está sentenciando con su inacción a la pena capital. Esta es la cruel verdad de hoy: Venezuela es hoy una nación tan enferma, que nuestros adultos mayores no tienen acceso a la salud ni a la alimentación.
Es indignante recordar que el pasado mes de julio, cuando nuestros abuelos protestaban exigiendo un incremento en el monto de su pensión, la única respuesta del Estado fue la represión.
Los manifestantes, aferrados a una bandera nacional, forcejearon contra funcionarios de las fuerzas del orden público que intentaban desalojarlos del lugar. Los adultos mayores lograron resistir. “¡Estamos cansados!, ¡estamos cansados!”, repetía una de las presentes a gritos. Los entes responsables hicieron lo de costumbre: guardaron silencio.
Una gran mayoría de venezolanos honestos que dejaron sus mejores años al servicio del país, hoy son las víctimas al ser castigados con una “pensión de hambre”.
“Ya teníamos varios días convocando, entendiendo que estamos en una epidemia y que tenemos que cuidarnos. No tenemos otra alternativa, porque igual nos estamos muriendo de hambre”, dijo uno de los manifestantes a la prensa.
Y agregó que “No tenemos comida, no tenemos medicinas, no tenemos dinero en efectivo porque los bancos no están trabajando, no tenemos ni siquiera los servicios básicos. Nos están condenando a una muerte anticipada y nosotros queremos morirnos cuando Dios mande”.
Esa fue la quinta o sexta ocasión que entregaron el escrito a distintas autoridades del Estado. Entre ellos, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Lejos de ser resueltas, las exigencias se han incrementado con el paso del tiempo.
Nuestros jubilados y pensionados ejercieron con compromiso oficios clave para levantar y consolidar a una nación. Fueron maestros, enfermeros, servidores públicos, trabajadores de entes privados. Todos ellos hicieron su mayor esfuerzo por levantar a su familia y hacer un mejor país. Se les paga con pobreza.
Nos ha tocado escuchar historias de muchos amigos y vecinos retirados, quienes con tristeza contenida cuentan que soñaban con una vejez digna, en la que pudieran disfrutar de sus años de trabajo y hoy, ni siquiera les alcanza para comprar una bolsa de pan. “Estamos pasando mucha necesidad. Ya no comemos como antes”, fue uno de los comentarios que escuchamos.
Muchos de nuestros venezolanos de la tercera edad viven solos y deben afrontar esta dura situación en estas condiciones. Ya no pueden ni cubrir sus tratamientos médicos, con el agravante de que muchos son pacientes oncológicos.
Sus reclamos son descaradamente ignorados, ninguna de sus exigencias ha sido escuchadas. Cada día vemos más cómo muchos de nuestros abuelos viven en la frontera con la indigencia.
De cara a esta tragedia humana, exigimos que se cumpla el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que especifica lo siguiente: “El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”.
Hoy nos manifestamos solidarios con los jubilados y pensionados. Al compartir con nuestros abuelos del país es muy doloroso ver cómo su vejez ha sido condenada a la pobreza, a la indolencia e incluso a la muerte. Fuimos un país de bonanza gracias a su trabajo y dedicación y el país que seremos, será también gracias a su legado.
David Uzcátegui.
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